La transición

Por Gabriel Boragina ©

 

La transición de una economía intervenida a otra de mercado debe hacerse de forma súbita. Es una operación en la que cualquier gradualismo conduce a efectos contrarios al que se busca.

Esto, por supuesto, es más fácil de decir que de hacer, máxime cuando se trata de una economía super regulada y cerrada.

La razón de esta urgencia radica en algo que muy bien explicó el maestro y economista austriaco Ludwig von Mises, quien enseñó que la economía es semejante a un sistema de vasos comunicantes, en el cual los fenómenos que se dan en el dispositivo que los conecta repercute en los restantes vasos comunicados entre sí.

Mises describió como los controles de precios en un sector de la economía se van transmitiendo a otras áreas. Si, por ejemplo, el gobierno controla el precio de la leche fijándole un precio máximo, eso afectará -más temprano que tarde- el de los demás productos que sean sus derivados (quesos, yogures, etc.) pero también el de sus insumos, tanto en la estructura vertical como en la horizontal de la producción.

Este mecanismo continúa hasta que, en su punto final, quedan controlados todos los rubros de la economía . Por eso es que Mises dice que el intervencionismo lleva al socialismo.

A la inversa se da el mismo proceso. Si se intenta desregular de a un ramo por vez, no se hace mas que prolongar la crisis, y generar más desajustes, pero en sentido contrario al del proceso interventor. Si no se realiza en forma simultánea, la desregulación de un mercado no opera automáticamente en su estructura de producción, horizontal ni vertical.

Esto sucede porque los renglones intervenidos están todos tan distorsionados por efecto de los controles gubernamentales previos que, si no se los desregula todos a la vez, los efectos pueden ser peores en caso que se intente hacerlo gradualmente.

Bastará a tal fin una sola ley del Congreso que (en un primer artículo) deje sin efecto todas las regulaciones económicas al mercado libre existentes a la fecha de su dictado. Seguidamente, un segundo articulo prohibiendo restricciones futuras, y (por último) un tercer artículo en el que se estatuya que dicha ley será de aplicación inmediata y comprenderá a todos los mercados habidos sin distinción alguna. Este último artículo será clave en cuanto al aspecto de rápida ejecución (por lo que apuntamos al principio) ya que permitirá el pronto reacomodamiento de todos los mercados adulterados por toda legislación que exceda a la básica de los códigos civiles, comerciales y demás que figuran en la Constitución Argentina.

 

Problemas extraeconómicos

Económicamente hablando, la desregulación total y completa de la economía es técnicamente posible, y es sólo cuestión de voluntad política llevarla a cabo. Con todo, no será tarea simple acordar con todos los actores políticos, en especial los opositores. La primer barrera será pues la necesidad de un amplísimo consenso en y del arco político.

Sin embargo, no sólo se dependerá de tal voluntad política sino que hay otros factores a considerar, por ejemplo los legales y los culturales.

Toda regulación indefectiblemente crea ganadores por un lado, y perdedores por el otro. Por ejemplo, es sabido que, la inflación beneficia a los deudores a costa de los acreedores. La legislación antimonopolios favorece a los monopolios existentes a su dictado, e impide proyectos y emprendimientos nuevos, las exenciones impositivas rompen el principio de igualdad tributaria, y así en muchos otros casos.

Los beneficiados con las regulaciones vigentes se resistirán, naturalmente, a su eliminación, y los perjudicados con ellas pujarán en sentido contrario.

Indefectiblemente, se crearán conflictos sociales agudos y muy difíciles de superar para el gobierno que tome la determinación desreguladora, y la magnitud de ese choque será tan grande como grande sea la regulación que se esté tratando de eliminar. Es decir, el costo político que asume el gobierno desregulador será directamente proporcional al tamaño del mercado intervenido.

 

Cuestiones legales

Generalmente, toda intervención estatal va precedida o acompañada de una norma (ley, decreto, disposición, ordenanza, etc.) que autoriza la injerencia en cuestión. En muchos casos, estas normativas se reproducen a sí mismas de idéntica manera que lo hacen las intervenciones consiguientes.

En los países republicanos, esas leyes se dictan en función de preceptos que emanan directamente de la Constitución de la Nación, como sucede en el caso de Argentina.

La cantidad de legislación intervencionista es abrumadora en el supuesto analizado, tanto por su número, como por la diversidad de materias que aborda, y que abarcan prácticamente casi todo lo humanamente habido.

Si bien bastaría una sola ley desregulatoria, como explicamos arriba, que dejara sin efecto todas las anteriores que la contradijeran, concurren, en el caso argentino, numerosas disposiciones constitucionales introducidas en la reforma a la Carta Magna en el año 1994 que, lejos de alentar la desregulación de la economía la promueven, como, por ejemplo, el art. 14 bis, introducido, en rigor, en una reforma anterior (1957) y el art. 75, inc. 19° de la última enmienda (1994) que no son, por desgracia, las únicas cláusulas constitucionales que propenden a un intervencionismo económico estatal de grado mayor, intermedio o menor, pero intervencionismo al fin.

 

Culturales

Y, finalmente, tenemos las barreras culturales (y educativas) fruto de decenios de estatismo argentino, que ha creado una suerte de acostumbramiento al paternalismo gubernamental. Ha modelado un tipo social dependiente del estado para prácticamente casi todos los aspectos de la vida ciudadana (incluyendo hasta la familiar).

El fenómeno es muy antiguo, al punto que ya preocupaba al eximio prócer argentino del siglo XIX Juan Bautista Alberdi, quien, en su época, se quejaba de esa dependencia estatal del argentino medio, y que él atribuía a la falta de educación.

Pero, su persistencia en el tiempo hasta nuestros días nos indica que el problema excede el de la mera falta de educación de los días de Alberdi.

Hoy por hoy, creemos que el argentino promedio esta educado y casi diríamos diplomado en educación estatista.

No preexiste el hábito del pensar independiente. Siempre toda opinión tiene que referirse a otra persona, a quien se la venera como una autoridad, un superior a otro en algún aspecto. Lo he llamado el culto al líder.

Se ve al jefe idolatrado personificando al estado-nación, y a este como agente que provee tanto bienes como males sociales. El seguidor aspira a capitalizar esos bienes estatales y a transferir los males al disidente. 

En suma, si no hay consenso social no puede haber reforma alguna. Ese consenso incluye reforma de la Constitución,  reforma legal completa, económica, etc. Todo dentro de un cambio cultural que sólo podría darse evolutivamente, como decía Hayek.