El mito del "riesgo-país"

 

Por Gabriel Boragina ©

 

El riesgo país es un índice que mide la probabilidad de que un país no pague sus deudas. Se calcula comparando la tasa de interés que paga un país por su deuda con la tasa de interés de los bonos del Tesoro de Estados Unidos.

Para analizar el concepto, debemos primero precisar que se entiende por la palabra ‘’país’’. Políticamente[1] se define como :

País. Determinado territorio de un Estado, con afinidades genuinas en lenguaje, historia, creencias, costumbres. | Sin más, sinónimo de nación y de Estado (v.).

Como los territorios no actúan, esta claro que el vocablo se aplica como sinónimo de nación y estado y -por extensión- de su representante, el gobierno.

Que la referencia sean los bonos del Tesoro americano ya nos indica la naturaleza estatista del índice. Por ende, el catálogo reviste interés para los gobiernos que prestan a otros gobiernos, o para los organismos multilaterales de crédito como el FMI, el BM, BID, etc.. No es un indicador de mercado.

Para tener un índice bajo de RP es necesario que la tasa de interés sea alta. Para poder pagar una tasa elevada, el gobierno necesita un superávit fiscal constante y lo más crecido posible, lo que -a su turno- implican impuestos mayores, mayor inflación, o ambos.

Desde el liberalismo lo ideal es que un país no tenga deudas, algo casi utópico en el mundo intervencionista como en el que vivimos.

Por más que se diga que serían empresas privadas las que elaboran el indicador, el hecho de que se tome como referencia los bonos del Tesoro norteamericano y no, por ejemplo, la productividad de la economía le confieren carácter estatista al cuadro.

Por lo demás, es una guía peligrosa, porque significa un aliento a los gobiernos de baja calificación a tomar más deuda, cuando el liberalismo propicia menos endeudamiento. No olvidar que la deuda que toma el gobierno no la va a pagar con recursos propios, ni tampoco, seguramente, será el gobierno que la tome la que la pague.

Por otra parte, es muy fácil engañar a los que componen el índice con tasas oficiales de inflación bajas o de superávits fiscales artificialmente altos, lo que quienes confeccionan el riesgo país no pueden investigar, ni tampoco confirmar en detalle, ni menos contrastar diariamente.

Las agencias de calificación (el banco JP Morgan, FitchRatings, Moody's Investor Service, Standard & Poor's) trabajan sobre índices oficiales, y estos son fácilmente manipulables por los gobiernos de turno. Además ¿qué grado de compromiso tienen esos bancos con el gobierno estadounidense como para que sus estadísticas sean confiables desde el punto de vista de un operador privado de mercado?

Que empresas teóricamente ‘’privadas’’ sean las que preparan el índice no nos dice nada del grado de injerencia que el estado tiene en las mismas, política o económicamente hablando.

Es que en la economía mundial el nivel de intervencionismo es tan grande que es muy difícil precisar con estrictez de cuándo una empresa es pública o privada, o en qué cuantía es lo uno y lo otro.

Una empresa determinada puede ser total o parcialmente estatal. En Argentina, el derecho societario reconoce a las sociedades de economía mixta (estatal y privada) figura jurídica que no es originaria de la Argentina.

Aunque la empresa no aparezca registrada como sociedad de economía mixta, no significa que el gobierno no tenga ninguna intervención en la misma.

El simple hecho de ser contribuyente fiscal implica una injerencia estatal en la economía de una empresa desde el momento que el impuesto que tributa es una suerte de participación del estado en sus ganancias, pese a que no se la designe y ni siquiera se la reconozca de este modo.

Bajo este ángulo de vista, resulta casi imposible hoy en día distinguir lo público (estatal) de lo privado.

Pero la pregunta clave no es ¿quién construye el índice? sino ¿quién contrata sus servicios para que lo haga? Y la respuesta es: precisamente los organismos estatales de crédito internacional antes mencionados (el FMI, el BM, BID, etc. )

Para un inversor privado extranjero el índice será de poca utilidad, salvo que invierta en fondos ''públicos'' del país destinatario, o en sus empresas estatales o intervenidas por el estado.

Pero si la intención de un inversor extranjero es la de hacer una operación privada, le interesará -en cambio- la solvencia, respaldo y seguridad de la empresa en la cual quiere invertir, y eso no lo mide el riesgo país.

Otra debilidad importante del índice RP es que la política económica de un ‘’país’’ suele cambiar con los renuevos de gobierno, lo que tampoco los hace fidedignos ni seguros, porque basta que mute el signo político del ‘’país’’ objeto de medición para que los números también sean diferentes y no sirvan de referencia alguna.

Se trata, en suma, de un recuento más, cuya utilidad dura lo que dura un gobierno, y varia lo que este varie, por lo que a largo plazo se torna inútil.

Si el punto de referencia es la deuda pública norteamericana, no deja de ser un índice estatista que servirá a quienes quieran negociar con el estado, o sea el gobierno que en ese momento lo represente. Nada nos dice la tabla de lo que vendrá, ya que un subsiguiente gobierno puede fácilmente alterar todos los indicadores tomados en cuenta para el anterior, con lo cual quienes creyeron que iban a ganar pueden inesperadamente perder y viceversa.

Como los préstamos intergubernamentales mueven la mayor masa de créditos en el mundo, el índice es útil para los gobiernos del momento, no para los particulares, aunque estos se pueden ver afectados por las políticas macroeconómicas estatales.

Hay que tener en claro que cuando se trata de riesgo país, en realidad, se está queriendo hablar de riesgo-estatal o riesgo-gobierno, porque la palabra ''país'' se toma como sinónimo de tales. Son conceptos propios de economías intervencionistas y dirigistas, no de mercado en el sentido dado al vocablo mercado por la Escuela Austríaca de Economía.

Ergo, la desbordante alegría con la que la prensa y el gobierno suelen festejar la reducción del famoso indicador es exclusivamente de ellos, y sólo sus fanáticos pueden compartirla. El resto de la ciudadanía poco y nada tiene que celebrar al respecto, excepto que formen parte de algún conglomerado que se beneficiará en los ''negocios'' en los que necesariamente el mismo gobierno en cuestión será la parte más favorecida que ellos.

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[1] Ossorio Manuel. Diccionario de Ciencias Jurídicas Políticas y Sociales. -Editorial HELIASTA-1008 páginas-Edición Número 30-ISBN 9789508850553 pág. 681.