Accion Humana

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Revista Digital

El trauma argentino

 Por Gabriel Boragina ©

Hemos reflexionado más de una vez sobre las posibles razones por las cuales la sociedad argentina en materia política se limita a la queja de sus gobiernos y de sus políticos preferentemente, sin pasar al campo de las acciones para corregir la situación. Es decir, tomar decisiones positivas (o afirmativas) mediante las vías institucionales que pone a su disposición la Constitución Nacional.

Ensayamos al respecto la hipótesis de que, de la misma manera que una persona es el resultado de su crianza, educación y experiencias de vida, de manera análoga, un país, un pueblo o una nación lleva en sí mismo idénticos componentes que lo transporta a ser como es y a experimentar todo lo que le sucede.

La historia política argentina reciente está salpicada de contradicciones que la han condicionado y direccionado de querer ser originariamente una nación republicana a haber derivado posteriormente en otra populista y antirrepublicana, mientras se sigue reclamando aquella oriunda pretensión como si fuera la actual sin serlo.

En el caso argentino, esta deformación social ha dado principio a una serie de mitos políticos, fruto de la falta de cultura cívica y, sobre todo, de ejercicio cívico. De la misma manera que los fisiólogos dicen que la falta de ejercicio de un músculo puede derivar en su atrofia, la ausencia de ejercicio cívico y de la utilización de los mecanismos republicanos que los argentinos tienen en su Constitución Nacional explican su profunda y actual atrofia cívica.

El temor implícito social a ser tildado de ''golpista'' es consecuencia directa de un pasado histórico plagado de golpes de Estado militares desplazando a gobiernos civiles. Por esta razón, cuando se señala que no se es ''golpista'' por recomendar la remoción de un gobierno utilizando los mecanismos que la misma Constitución Nacional habilita a través de instancias como, por ejemplo, el juicio político (art. 53 y concs. de la Carta Magna) no se acepta el argumento y, en el debate, se insiste que un mal gobierno debe (a pesar de ello y de todo) completar el periodo por el cual ha sido elegido, sin comprender que su continuidad implicaría estar consintiendo agravar el mal que su mala gestión viene provocando.

Paralelamente, se insiste que el problema se corrige con exhortaciones (más o menos pueriles a nuestro entender) para que el rumbo se enmiende.

Es absurdo tildar livianamente de ''golpista'' un mecanismo de reemplazo de gobernantes y de políticos que la misma Carta Magna estatuye en su seno, tan absurdo como tachar de ''golpistas'' a los vecinos de un edificio que pretenden cambiar a su mal administrador por otro.

Lo que en un terreno no político se ve como algo lógico y razonable (echar a un mal empleado o un mal gerente y reemplazarlo por otro más competente e idóneo) en el plano político se visualiza como un acto de ''golpismo''. Me parece que esto es un claro síntoma de trauma social fruto de una actitud hipócrita: la pretensión de creer ser democrático (no ''golpista'') cuando se respetan ciertas formas (votar cada cuatro o dos años) sin advertir o no queriendo hacerlo que los mecanismos institucionales de remoción de autoridades que conlleva en su seno el texto constitucional también representan formas perfectamente legales y democráticas de proceder.

Otro trauma político de la sociedad argentina me parece verlo en el hecho de la común creencia que el mero reemplazo de personas que, en el fondo, representan un mismo pensar político es suficiente para resolver el problema que se cree impedimento para el avance del país. Es -en otro símil- como el espectador que está viendo una mala obra de teatro o una película mal guionada y que, ingenuamente, considera que cambiando a los actores o personajes el problema se resuelve, y la obra pasará de ser una mala historia a ser otra excelente. Pero no son los personajes los que hacen a la historia, sino al revés: es esta, su trama la que hace que los actores hagan un buen papel. Si la historia es mala, los actores de la misma no podrán representar algo mejor. Podrán si quizás agravarla, pero no mejorarla.

De manera análoga, si un sistema político es malo porque la teoría indica que no puede funcionar como otro que sea bueno, y la práctica, además, lo corrobora en forma reiterada, no importa quien en definitiva ejerce o dirige ese mal sistema: los resultados siempre serán los que derivan lógicamente de ese sistema político.

En el caso argentino actual, si la política a ejecutar es populista no importa quien gobierne, los resultados de ese programa siempre serán populistas. Es ingenuo y pueril esperar que del ensayo de un gobierno populista podrían derivar frutos propios de un sistema liberal. Esto explica el porqué de las frustraciones actuales en la Argentina gobernada por LLA[1].

Se elija a Juan, a Pedro o a Tomás para gobernar, si el sistema es populista no importan las características personales de los primeros, el resultado de sus acciones serán populistas. Ellos pueden declamar (como el actual gobernante argentino) que no hacen populismo sino liberalismo, sin embargo, y -como dice Jesucristo en el Evangelio- ''Al árbol por sus frutos lo conoceréis'' y si el árbol da frutos populistas es porque el nombre del árbol es populismo y no liberalismo, aunque nos guste llamar al árbol por el nombre de frutos que ese árbol no da (liberalismo).

Lo mismo sucederá si el sistema político imperante en esa sociedad es el opuesto.

Argentina no madurará políticamente hasta que no trate sus traumas sociales/históricos y se libere de ellos, y no como ocurre ahora que persevera en el error, sin reconocer su causa originaria.

Sin conocer o conociéndola sin aceptar la causa, o negándola, ni siquiera se ha comenzado a abordar el problema de fondo. Vendrán recambios de personajes políticos, pero si no se madura constitucionalmente nada cambiará.


[1] Siglas del partido gobernante ''La libertad avanza''.

Un gobierno sin oposición

 Por Gabriel Boragina ©

 Contrariamente a lo que se dice, el gobierno de LLA[1] carece de una genuina oposición en el sentido político del término. Ya dejamos sentado que un gobierno constituido como tal constitucionalmente no puede tener oposición. La única oposición posible puede venir desde fuera de la Constitución de la Nación, es decir de la propia ciudadanía, ya sea por sí misma o bien mediante el uso de la prensa. Pero entre las tres ramas del gobierno (ejecutiva, legislativa y judicial) carece de sentido hablar de oposición. Si existiera, el enfrenamiento entre las ramas opuestas haría imposible gobernar. 

Pero aun si mantenemos el sentido que coloquialmente los medios periodísticos y las charlas políticas dan al término oposición, tampoco en este último sentido el actual gobierno de LLA se ve impedido en su actuar por ninguna clase de oposición. 

Hasta el momento de escribir estas líneas todas las leyes enviadas al Congreso, en lo sustancial, le han sido aprobadas. De haber tenido una genuina oposición legislativa no hubiera sido así. Pero no es el caso.

Tampoco han prosperado iniciativas de juicio político a su titular que, de existir una verdadera oposición, hubieran arreciado, ya que motivos y fundamentos para el mismo sobran. Es decir, puede que el poder ejecutivo no haya hecho todo lo que desea hacer, e incluso lo que prometió en campaña hacer, pero no pueden atribuirse esas carencias a la presencia de una férrea o tibia oposición, sino a sus propias falencias, inhabilidades e incapacidades, las que en el caso de la LLA abundan

Según el propio gobierno, existiría una supuesta oposición fuera del gobierno y localizada en la prensa (en un 95% según dichos de su mismo titular). Pero constitucionalmente el gobierno no tiene oposición. Y la supuesta atribuida por el a la prensa parece no conmover ni modificar su conducta. Además, es inocua por tratarse de una oposición meramente verbal y no institucional. 

Lo que decimos respecto a que el gobierno no tiene oposición no significa, desde luego, ni mucho menos, que las cosas las esté haciendo bien ni que tampoco la opinión pública suponga que el rumbo es el correcto ni el deseado. No oponerse no es lo mismo que aprobar o apoyar automáticamente.

El que se abstiene de actuar contra algo o alguien no siempre lo hace porque aprueba aquello que es objeto de la abstención. De la misma manera que no votar a X no significa ''votar'' o ''elegir'' a Z en una elección en la que solamente compiten X y Z. En dicho escenario, quizás mi candidato sea en realidad ''W'' que simplemente decidió no competir, y ni Z ni X lo igualan o lo superan. Esto refuta la frecuente demonización corriente contra el voto en blanco. Votar en blanco (más allá de posibles lecturas personales) simplemente es rechazar todas las opciones ofrecidas al momento, porque si se prefiriera alguna de las demás, sencillamente se votaría por ella. Si no se lo hace es porque también se la rechaza.

En general, la sociedad argentina no es una sociedad políticamente opositora o activamente opositora, excepto en la palabra. La oposición argentina no suele traspasar la barrera de lo verbal sin pasar a la acción. Puede definirse como la sociedad de la queja o la sociedad quejosa. Lo que claramente no conmueve a sus dirigentes políticos, que bien saben de la pasividad política del argentino medio que, incluso, hasta se ha acostumbrado a ver los hechos de corrupción constantes a su alrededor inmutable contemplándolos solamente como un espectáculo más incorporado al folclore sociológico criollo.

¿A qué atribuyo este espíritu indolente del argentino promedio en materia política? En gran parte a la historia del país que durante largos periodos vivió al margen de toda institucionalidad por considerarla solamente un aspecto meramente formal alejado de la cotidianidad del diario vivir.

Este fenómeno comenzó en la década del 30 y se consolidó a lo largo del siglo XX en el cotidiano existir político argentino.

La llamada democracia argentina es una democracia formal, como decir una democracia que no se vive internamente, sino que se toma como un elemento decorativo, gráficamente la democracia argentina no es nada más que una pose. No es algo que se viva individualmente. No es ni se siente como tal (democrático) sino una palabra que queda bien utilizar para representar algo que el argentino no es, pero que le gusta engañarse a sí mismo pensando que si lo es (democrático). Algo que se cree ser, sabiendo en el fondo que no se es. Queda bien creer (consigo mismo) que se es democrático, y queda mejor ufanarse de ello diciéndoselo ''a los cuatro vientos'' a los demás. Pero (como en tantas otras cosas) el decir, actuar y pensar del argentino medio va en contra de sus acciones y hechos cotidianos. Y eso se expresa, obviamente, al momento de poner el voto en la urna.

LLA[2] y sus seguidores y adictos tampoco creen en la democracia, de la que -en cambio- si se llenan la boca y se pavonean.

Pero volviendo al tema de la oposición: no la hay, y no porque el gobierno acierte, sino porque el argentino está acostumbrado a ser gobernado por lo menos malo, o lo más tolerable posible. Es otra forma de decir que se ha renunciado a la excelencia política. Es más, los comentarios demuestran que esa excelencia en materia política es imposible. Ni siquiera como ideal. Se ha perdido (si alguna vez se la concibió).

Acostumbrado a manejarse por las simples apariencias (y creer en ellas) el promedio de los argentinos cree que los encendidos discursos entre políticos o simpatizantes de partidos en el gobierno y fuera de él, son oposición. No son oposiciones. Las oposiciones meramente verbales son inefectivas. Pura retorica. De acuerdo al antiguo adagio ''Las palabras se las llevas el viento''. Esta es la única realidad.

Los gobiernos en Argentina gobiernan por resignación de los que tendrían que ser opositores cuando las conductas políticas son regulares o malas como en el caso de LLA.


[1] Siglas del partido gobernante ''La libertad avanza''

[2] Ver la nota anterior.

¿Es posible una Argentina sin populismo?

 Por Gabriel Boragina ©

La paradoja de un país donde nadie se considera populista, todos dicen ''condenarlo y aborrecerlo''. Pero, sin embargo, la realidad es que, desde lo cultural hasta los más ínfimos detalles de la vida de la mayoría de los argentinos el populismo brota en cada expresión, en cada acto, en cada manifestación, y en 8 o 9 de cada 10 palabras entre las conversaciones escuchadas. 

El sueño de los constituyentes del siglo XIX al sancionar la Constitución Nacional de inspiración Alberdiana se fue derrumbando de a poco a medida que avanzaba el siglo siguiente.

El populismo de Europa, iniciado con los movimientos que derivaron en los partidos fascistas de Italia y el nazi de Alemania, y en América el New Deal de Roosevelt en EEUU, sumado al creciente intervencionismo mundial al que fueron arrastradas la gran mayoría de las naciones restantes no podían dejar de sentir sus efectos en el lejano país del sur que hasta entonces se creía inmune y aislado de todas aquellas malsanas influencias.

El golpe de Estado del Gral. José Félix Uriburu contra el presidente constitucional Hipólito Irigoyen en 1930 marcó el punto de partida no solamente de una nueva modalidad política sino el inicio de un nuevo modelo cultural que sobrevivió a aquel siglo y llegó hasta nuestros días, y en cual el país se continúa debatiendo hoy.

Populismo y popular no son exactamente sinónimos, y a explicarlo hemos dedicado una obra completa (¿Qué es el populismo?)[1]. La identificación entre lo populista y lo popular es precisamente una creación del populismo y es un intento deliberado con el propósito de travestir lo perverso del populismo con lo innocuo que representa lo popular.

Para demostrarlo, bastará citar la definición que nos da la Real Academia Española de ambos términos:

 

popular

Del lat. populāris.

 adj. Perteneciente o relativo al pueblo.

 adj. Que es peculiar del pueblo o procede de él. Lírica popular.

 Sin.: folclórico, tradicional.

 adj. Perteneciente o relativo a la parte menos favorecida del pueblo. Apl. a pers., era u. t. c. s.

 adj. Que está al alcance de la gente con menos recursos económicos o con menos desarrollo cultural. Precios populares.

 Sin.: económico, barato, asequible.

 Ant.: caro, inasequible, prohibitivo.

 adj. Que es estimado o, al menos, conocido por el público en general.

 Sin.: conocido, famoso, célebre, afamado1, renombrado, nombrado, ilustre, insigne.

 Ant.: impopular.

 https://dle.rae.es/popular?m=form#Tfbc80Q

Como vemos, ninguna de las acepciones del término ''popular'' es sinónimo de ''populismo''.

El mismo diccionario de la RAE da una definición mucho más acotada de ''populismo'‘:

 

populismo

 m. popularismo.

 Sin.: popularismo.

 m. Tendencia política que pretende atraerse a las clases populares. U. m. en sent. despect.

https://dle.rae.es/populismo

 

Esta tendencia política no es patrimonio de ningún partido, ni siquiera de ninguna ideología como también lo explicamos en nuestro libro[2].

De allí que populistas puedan ser tanto socialistas, nacionalistas, fascistas, comunistas, y (de hecho) en la historia, los adherentes a estas ideologías practicaron muy a menudo el populismo.

El populismo tampoco es una escuela o movimiento económico, sino que (como la misma definición lo deja entrever) se trata de un mecanismo de captación política que busca el beneplácito y la atracción de las clases populares en la conciencia que estas constituyen la parte más numerosa de la población, lo que adquiere relevancia en aquellos países donde los gobiernos se eligen a través del voto mayoritario. Por ello, explicamos que el populismo es, por, sobre todo, una forma o manera preferida de sus adictos de llegar al poder.

No se vaya a creer que el populismo solo se halla entre los dirigentes, sino que es requisito que los dirigidos comulguen con dicha tendencia. Justamente, el populismo tiene como meta hacerle creer a esas clases populares que son ellas las que gobiernan y no sus dirigentes. Y esto es exactamente así. Sólo si el pueblo es populista puede elegir gobiernos populistas, es decir, del mismo signo.

¿Por qué el liberalismo no puede ser populista? En parte, la misma definición de la Real Academia Española que trascribimos antes nos da la respuesta. El liberalismo no cree en categorías tales como ''clases populares'' o ''castas'', sino que su visión filosófica se dirige hacia los individuos.

Además, el liberalismo no es una tendencia política, sino una filosofía que no abomina de la política. pero que no pretende atraer políticamente a nadie para concentrar poder, sino más bien enseñar a la gente en general (no a ''clases'' especificas) a ser libres y responsables. Es lo que los liberales llamamos individualismo. En otros términos: el liberalismo, lejos de concentrar poder, busca diluirlo, o difuminarlo entre todos los individuos. Si los individuos tienen más poder el gobierno tendrá menos, y esa es la meta del liberal en materia política. Y esto es justamente lo contrario a lo que pretende el populismo: la concentración del poder en pocas manos.

El populismo no abomina del poder, sino que se sirve de él. Pero para no repetir cosas que ya expusimos en nuestro libro[3] volvamos a nuestro título.

Yo creo que -en lo inmediato- no es posible una Argentina sin populismo, porque la cultura y educación argentina ya es populista y no de ahora, sino de hace muchas décadas. Las suficientes como para haber consolidado una tradición firmemente populista que impregna todo el entramado social.

Aun el único ''líder'' político de hoy que habla con suficiente convicción contra el populismo y cuyo gobierno no fue populista (me refiero al ingeniero Mauricio Macri) fue desplazado del poder precisamente por ese segundo motivo. Y presumo que fue por esa misma razón que abdicó de seguir postulándose para volver a la presidencia del país.

¿Entonces? ¿Qué le queda a la Argentina como futuro político? En el corto y mediano plazo, seguir fluctuando entre gobiernos más o menos populistas de izquierda unas veces y de derecha (como el de LLA[4]) otras, alternándose entre sí, como ha venido sucediendo desde el primer peronismo hasta la fecha.

¿Y a los liberales que les queda? En el mismo periodo estimo que seguir clamando en el desierto: es nuestro destino. Como enseñaba Hayek (y parafraseándolo): seguir predicando nuestra verdad con total independencia de la cantidad de gente que quiera escucharla.


[2] Ver en la nota anterior ¿Qué es el populismo?

[3] Ver la primera nota.

[4] Siglas de ''La libertad avanza'' el conglomerado populista que hoy gobierna el país.

Política: Responsabilidad y educación

 Por Gabriel Boragina ©

 Hace algún tiempo que me dedico al derecho de propiedades y, en particular, al derecho de propiedad horizontal. En este segmento del derecho, mis clientes suelen ser consorcios de copropietarios. En otras ocasiones he señalado el enorme paralelismo que existe entre el funcionamiento de esta pequeña sociedad de condóminos y el sistema político argentino. Vuelvo sobre el tema. 

En la vida de un consorcio es bastante frecuente (por no decir la normalidad) que entre vecinos en privado o en las conversaciones entre ellos en los pasillos del edificio, se critique acerbamente y en términos aun insultantes al administrador del edificio por su gestión (''es un chorro'', ''afana'', y expresiones equivalentes son comunes de escuchar en esos ámbitos.)

Sin embargo, a la vez que estas acusaciones tienen lugar y en privado o pequeños grupos de 10, 20 o más personas, en los hechos (y en el derecho) convalidan el actuar del administrador criticado mediante dos mecanismos legales: el pago mensual de las expensas y la reelección del censurado en las asambleas anuales que se celebran de acuerdo al Reglamento de Administración y Copropiedad del Consorcio.

Argentina -a nivel político- funciona de manera análoga. Podemos fácilmente comparar al presidente con el administrador del consorcio (aquí como administrador del país) y al congreso con la asamblea de copropietarios. Individualmente, y aun dentro del recinto, los legisladores de la supuesta ''oposición'' emiten muy fuertes críticas contra el presidente y en algunos casos también se escuchan insultos o expresiones de elevado tono contra el mismo por su mala gestión. Sin embargo, a la hora de ponerlas en práctica, esos mismos legisladores suelen avalar sus proyectos de leyes, presupuestos, iniciativas, etc. que ese mismo presidente criticado envía al congreso para su aprobación.

Entre ellos dicen en privado ''hay que echar al presidente'' pero son incapaces de reunirse para formarle juicio político de la misma manera que las asambleas de consorcios nunca se logran los votos necesarios para remover al administrador (que en privado todos dicen odiar) ya que incluso los que lo critican en privado o corrillos, en la votación obran contrariamente a lo proclamado, absteniéndose de votar e, incluso, votando en contra de sus palabras, confirmando al detestado administrador en su cargo, ya sea por acción o por omisión.

El consorcio de propietarios de cualquier edifico de propiedad horizontal argentino es un reflejo casi exacto del comportamiento de ese vecino cuando le toca votar o ser legislador a nivel nacional: dice una cosa y hace exactamente su opuesto.

Jurídicamente, y ya en el campo del derecho, esta conducta suele recibir el nombre de ''doctrina de los actos propios'', que en términos sencillos implica la actitud de aquella parte que en un proceso judicial empieza sosteniendo *A* y posteriormente se contradice afirmando que en realidad quiso decir *Z*.

Entonces, nuevamente la base del problema lo encontramos en la educación. Suele ser un lugar común decir que la solución a este inconveniente consiste en tener más educación. Yo también lo creía. Pero ahora pienso que eso no basta por sí mismo, sino que es necesario no solamente tener más educación sino mejor. Es decir, educación de verdadera calidad que no consiste en aumentar el saber enciclopédico del alumno, porque eso no es educación sino acumular información, que no es lo mismo.

Educar es básicamente enseñar a pensar por sí mismo al educando, luego o simultáneamente, por supuesto, de haberse informado. Para ello es necesario -como enseñara Karl R. Popper- tener una sociedad abierta.

Una sociedad abierta es una sociedad responsable y -paradójicamente- a esta se llega también por la misma vía: la educación. Requiere del educador tener conciencia de su propia responsabilidad individual para enseñarle a otros a que también sean responsables individualmente y no a delegar la responsabilidad de sus propios actos en otros como les ocurre a los argentinos en todos los ámbitos sociales, desde el más pequeño y cotidiano (la comunidad de vecinos citada) a los más extensos y complejos (el político y económico).

No se trata, desde luego, de una percepción aislada ni puramente intuitiva. Numerosos autores han advertido acerca de este divorcio entre las convicciones proclamadas y las conductas efectivamente realizadas en la vida social y política.

Ya Alexis de Tocqueville había señalado que las instituciones políticas no funcionan independientemente de las costumbres y hábitos sociales de los pueblos. Las leyes, decía, descansan finalmente sobre las “costumbres del corazón”, es decir, sobre hábitos morales y culturales profundamente arraigados. Cuando una sociedad carece de responsabilidad individual y de coherencia cívica, las instituciones terminan reproduciendo esa misma inconsistencia.

En igual sentido, José Ortega y Gasset advertía en La rebelión de las masas que el gran problema de las sociedades modernas aparece cuando el individuo deja de exigirse a sí mismo responsabilidad personal y espera que otros resuelvan aquello que le compete. El “hombre-masa”, según Ortega, reclama derechos permanentes, pero rehúye sistemáticamente las obligaciones correlativas que hacen posible la convivencia civilizada.

También Friedrich Hayek sostuvo que una sociedad libre solamente puede sostenerse sobre individuos conscientes de la responsabilidad por las consecuencias de sus actos. En Los fundamentos de la libertad explicó que el deterioro institucional comienza cuando las personas transfieren continuamente a terceros —al Estado, al líder político, al partido o al colectivo— las consecuencias de sus propias decisiones.

Desde otro ángulo, Ludwig von Mises observó que los gobiernos no son entes separados de la sociedad sino una expresión de las ideas predominantes en ella. Por eso afirmaba que cada pueblo termina teniendo, en gran medida, las políticas compatibles con sus propias creencias y valores dominantes. La corrupción política, en consecuencia, no puede explicarse exclusivamente por la conducta de los gobernantes sino también por la tolerancia social hacia ella.

Algo semejante expresó Juan Bautista Alberdi cuando advertía que las constituciones escritas resultan insuficientes si la cultura política de la sociedad no acompaña sus principios. Alberdi insistía en que el problema argentino no era solamente jurídico o institucional sino profundamente moral y educativo.

En el terreno estrictamente jurídico, la llamada doctrina de los actos propios —desarrollada ampliamente por autores como Luis Díez-Picazo— se funda precisamente en la exigencia de coherencia entre conducta y declaración. El derecho sanciona a quien actúa contradiciendo sus propios actos anteriores porque entiende que la convivencia social requiere previsibilidad, responsabilidad y buena fe. Sin esos elementos básicos ninguna relación jurídica ni política puede consolidarse de manera estable.

Asimismo, Karl Popper explicó que la sociedad abierta solamente puede existir allí donde los individuos aceptan la crítica, la responsabilidad personal y la revisión racional de sus propias ideas. Una sociedad cerrada, por el contrario, tiende a buscar permanentemente culpables externos y líderes providenciales sobre quienes descargar la responsabilidad individual.

En el plano educativo, Hannah Arendt sostenía que educar significa introducir al individuo en un mundo común y enseñarle a hacerse responsable de él. La crisis educativa aparece precisamente cuando los adultos abdican de esa función formativa y reducen la educación a mera transmisión de información o entrenamiento técnico.

Por eso el problema argentino parece ser menos económico o incluso institucional que cultural y educativo en el sentido más profundo del término. No basta con alfabetizar, informar o incrementar contenidos curriculares. Como señalaba Paulo Freire, educar no consiste en “depositar” conocimientos en el alumno sino en formar sujetos capaces de pensar críticamente y asumir conscientemente sus propias decisiones.

En definitiva, ninguna reforma política o económica puede resultar duradera mientras persista esta escisión entre lo que socialmente se declama y lo que efectivamente se practica. Porque una comunidad donde casi todos dicen condenar ciertas conductas, pero simultáneamente las convalidan con sus actos termina institucionalizando exactamente aquello que verbalmente afirma rechazar.

Corrupción, sociedad y liberalismo.

 Por Gabriel Boragina ©

Sostuvimos mucho antes del arribo de LLA al gobierno que la sociedad argentina no era liberal. Y cuando LLA ganó las elecciones mantuvimos esta misma tesis, explicando que aquella elección no había expresado una conversión doctrinaria hacia el liberalismo sino apenas una reacción coyuntural frente al agotamiento del ciclo kirchnerista. La sociedad argentina no debatió ideas liberales, principios filosóficos, escuelas económicas ni cuestiones doctrinarias. Jamás estuvo verdaderamente interesada en ello.

La coyuntura exigía liberarse del flagelo peronista en su vertiente “K” dominante, y cualquier candidato que apareciera como alternativa a Sergio Massa sería favorecido electoralmente. Derrotada la coalición denominada ''Juntos por el Cambio'', liderada anteriormente por Mauricio Macri —quien decidió no competir nuevamente por la presidencia— emergió un personaje hasta poco antes relativamente marginal en la política institucional: un panelista televisivo elevado rápidamente a figura nacional gracias a una exposición mediática constante y extraordinaria.

Bien se ha dicho que la prensa constituye el “cuarto poder”, y ello resulta particularmente visible en la Argentina, donde la influencia cultural y política de los medios de comunicación continúa siendo enorme. La construcción mediática de figuras políticas no es un fenómeno nuevo, pero en este caso alcanzó niveles inusitados: voluntaria o involuntariamente, gran parte del sistema periodístico contribuyó a instalar ante la opinión pública la idea de que aquel personaje representaba una ruptura radical con el sistema tradicional.

Ingenuamente, muchos creyeron que bastaba con declamar contra “la casta”, denunciar la corrupción y presentarse como ajeno al circuito político tradicional para encarnar automáticamente una alternativa moral superior. El electorado, agotado y frustrado, aceptó esa narrativa y le otorgó el triunfo. Pero el dato verdaderamente relevante no fue el resultado electoral, sino la evidencia de que la sociedad argentina no modificó en absoluto su mentalidad respecto del poder y de la corrupción.

El problema de fondo es que la sociedad argentina parece haberse anestesiado frente al fenómeno corrupto. La corrupción dejó de escandalizar; apenas genera discusiones comparativas. Lo que el ciudadano promedio espera no es un gobierno honesto, sino simplemente uno “menos corrupto” que el anterior. Allí reside precisamente la demostración más contundente de la ausencia de una cultura liberal genuina.

El liberalismo no aspira a reducir la corrupción: aspira a erradicarla. Un liberal no acepta la corrupción como un componente inevitable del sistema político, del mismo modo que no aceptaría como inevitable el robo o el fraude. Sin embargo, la mentalidad predominante en la Argentina parece haber naturalizado la degradación institucional hasta convertirla en una fatalidad cotidiana.

En este sentido, Frédéric Bastiat escribió una frase que parece describir con exactitud este fenómeno: “Cuando el saqueo se convierte en una forma de vida para un grupo de hombres en sociedad, con el tiempo crean para sí mismos un sistema legal que lo autoriza y un código moral que lo glorifica”. La corrupción deja entonces de percibirse como una anomalía para transformarse en parte constitutiva del orden político aceptado socialmente.

Esto se refleja con claridad en los debates cotidianos y, especialmente, en las discusiones observables en redes sociales. Cuando alguien denuncia hechos de corrupción del gobierno actual, las respuestas oscilan casi exclusivamente entre quienes sostienen que los gobiernos anteriores fueron más corruptos y quienes afirman que fueron menos corruptos o igualmente corruptos. La posibilidad de exigir gobiernos completamente honestos ni siquiera aparece como horizonte imaginable.

Y ello demuestra que jamás existió un verdadero clima liberal dentro de la opinión pública argentina. No lo hubo antes de la llegada de LLA al poder, ni tampoco existe ahora, cuando las denuncias y sospechas sobre corrupción vuelven a ocupar el centro de la discusión pública. Lo único que cambia es el nombre de los acusados y la intensidad de la defensa partidaria.

Un liberal auténtico es ajeno a esa lógica tribal. No le interesa determinar si fulano robó más o menos que mengano. El liberal no compara porcentajes de corrupción; exige la eliminación absoluta de ella. La honestidad institucional no es para el liberal una cuestión relativa sino un principio moral.

Como señalaba Ayn Rand: “Cuando adviertas que para producir necesitas obtener autorización de quienes no producen nada; cuando compruebes que el dinero fluye hacia quienes trafican influencias más que bienes, sabrás que tu sociedad está condenada”. Allí donde el poder político distribuye privilegios discrecionalmente, inevitablemente surge una estructura de corrupción destinada a capturar esos beneficios.

Del mismo modo, Ludwig von Mises explicó reiteradamente que el intervencionismo estatal genera corrupción porque amplía las oportunidades de arbitrariedad política. Cuando el Estado decide quién gana, quién pierde, quién recibe subsidios, quién obtiene contratos o quién accede a privilegios regulatorios, la lucha económica deja de orientarse hacia la producción y pasa a orientarse hacia la captura del poder político. La corrupción no aparece entonces como una desviación excepcional sino como una consecuencia lógica del sistema intervencionista.

Por eso la ausencia de una mentalidad liberal también se refleja en el hecho de que, cuando existe cierta bonanza económica, la corrupción pasa inmediatamente a un segundo plano para gran parte de la sociedad. Mientras determinados sectores obtengan beneficios materiales, tolerarán e incluso justificarán mecanismos corruptos si estos preservan sus ventajas. La preocupación moral desaparece frente a la conveniencia económica inmediata.

Friedrich Hayek advirtió en Camino de servidumbre que la expansión del poder estatal no sólo transforma la economía sino también la cultura moral de una sociedad. Cuanto mayor es el intervencionismo, más se acostumbra la población a depender de favores políticos, excepciones regulatorias y privilegios discrecionales. La corrupción deja entonces de ser vista como una patología y comienza a considerarse simplemente una herramienta más dentro de la lucha por recursos y posiciones.

En suma, nunca se avanzó verdaderamente hacia la libertad entendida en sentido liberal profundo. No antes, no ahora y probablemente tampoco en el futuro inmediato. Porque el problema central no reside únicamente en determinados dirigentes corruptos, sino en una cultura política que acepta la corrupción como un fenómeno inevitable de la vida pública.

La sociedad argentina parece concebir la existencia de gobiernos completamente honestos como algo utópico, casi extraterrestre. Sólo puede escandalizarla el grado de descaro o de torpeza de ciertos hechos, pero no la corrupción en sí misma. Y mientras exista esa resignación cultural, cualquier proyecto liberal auténtico resultará imposible.

El liberalismo no es un sistema con “poca corrupción”. Es, por definición moral e institucional, un sistema anticorrupción. Un orden basado en la igualdad ante la ley, la limitación estricta del poder y la eliminación de privilegios estatales incompatibles con una sociedad libre.

Tal como advertía Juan Bautista Alberdi, “la peor tiranía es la ejercida a la sombra de las leyes y con apariencias de justicia”. El drama argentino no consiste únicamente en la corrupción de ciertos gobiernos particulares, sino en la normalización social de un sistema donde el poder administra privilegios, castigos y beneficios mientras la ciudadanía acepta mansamente esa dinámica como si se tratara de un fenómeno natural e inevitable. Mientras ello no cambie, el liberalismo seguirá siendo apenas una consigna electoral ocasional y no una verdadera convicción cultural de la sociedad argentina.

Liberalismo y corrupción

 Por Gabriel Boragina ©

 Es cierto que escribimos numerosas notas con el mismo título. Pero ocurre que en la Argentina de hoy este es el verdadero tópico de actualidad, con una nota siniestra, el gobierno de LLA[1] dice representar y ejercer el liberalismo.  

Al hablar de corrupción no lo hacemos en el sentido corriente y popular que se le da al termino. Sino en el que utiliza el profesor Ludwig von Mises cuando trata el tema. 

Al respecto nos explica:

Hay múltiples esferas donde, dada una organización inter­vencionista, imposible resulta evitar el favoritismo. Piénsese, por citar un solo ejemplo, en la cuesti6n de las licencias de importa­ción. ¿A quién otorgarlas y a quién denegarlas? No existe módulo alguno que permita hacer tal distribución de manera objetiva y libre de consideraciones personales. El que efectivamente se llegue o no a pagar dinero por la adjudicaci6n, en el fondo, poco, a estos efectos, importa, pues no resulta menos recusable el, sin nada cobrar, conceder las deseadas licencias a aquéllos de quienes la Administración espera conseguir en el futuro particulares servicios (sus votos electorales, por ejemplo). El intervencionismo engendra siempre corrupción. Consignado este hecho, el economista se desentiende del asunto, deján­dolo en manos de historiadores y juristas. [2]

Pero nuestro interés de momento no reside en lo económico, ni lo jurídico, ni lo político, sin restarles la debida importancia que estos enfoques tienen, sin duda, sino en lo estrictamente liberal/filosófico.

Los grandes liberales de todos los tiempos siempre han sido contundentes en cuanto a que en el liberalismo no se debía reconocer ventajas y prerrogativas para nadie, porque la sinecura rompe la igualdad ante la ley, principio rector e irrenunciable de dicha tradición.

Ahora bien, la observación de Ludwig von Mises no constituye un caso aislado dentro del pensamiento liberal, sino que se inscribe en una tradición mucho más amplia y consistente. En efecto, diversos autores liberales han advertido, desde distintos ángulos, que toda forma de discrecionalidad estatal en la asignación de beneficios conduce inevitablemente al favoritismo y, por ende, a la corrupción. 

En esta línea, Friedrich Hayek señala que cuanto más interviene el Estado en la economía, más necesario se vuelve decidir quién obtiene qué, y que tales decisiones no pueden evitar ser arbitrarias. Es decir, allí donde no rigen normas generales y abstractas, sino decisiones particulares, el terreno queda necesariamente abonado para el privilegio.

Por su parte, Frédéric Bastiat definía al Estado como “la gran ficción mediante la cual todos intentan vivir a costa de todos los demás”, poniendo de relieve que cuando el aparato estatal es utilizado para redistribuir beneficios particulares, deja de ser un garante de derechos para convertirse en un instrumento de expoliación legalizada.

Ya Adam Smith había advertido que los empresarios tienden a conspirar contra el público cuando buscan ventajas otorgadas por el poder político, lo cual refuerza la idea de que el problema no reside en los individuos en sí mismos, sino en el marco institucional que permite —o impide— tales privilegios. 

Más contemporáneamente, Milton Friedman expresó la misma idea en términos económicos: cuando el gobierno decide quién gana y quién pierde, la corrupción no es una posibilidad, sino una consecuencia inevitable del sistema.

De todo lo anterior se desprende una conclusión fundamental: la corrupción, entendida en el sentido amplio que le da Mises —esto es, la concesión de privilegios particulares en desmedro del resto— no es un fenómeno accidental dentro de los sistemas intervencionistas, sino una consecuencia lógica de los mismos.

El episodio reciente que involucra a altas autoridades del gobierno argentino —en el que se promueve o favorece desde el poder un emprendimiento privado determinado— permite iluminar una cuestión de fondo que trasciende lo meramente coyuntural: la incompatibilidad estructural entre liberalismo y corrupción.

Si se adopta la definición amplia de corrupción desarrollada por Ludwig von Mises, el problema no radica únicamente en la existencia de sobornos o beneficios monetarios directos, sino en algo más profundo: el uso del poder estatal para otorgar ventajas particulares a unos en detrimento de otros. Bajo este criterio, cualquier intervención discrecional que favorezca intereses específicos constituye, en sí misma, un acto de corrupción, aun cuando no medie delito tipificado.

Lejos de ser una interpretación aislada, esta idea recorre todo el pensamiento liberal clásico. Friedrich Hayek advirtió que, cuanto mayor es la intervención estatal, más necesario se vuelve decidir quién obtiene qué, y que tales decisiones no pueden sino ser arbitrarias. Es decir, el problema no es moral sino institucional: allí donde el poder decide casos particulares, el favoritismo no es una anomalía, sino una consecuencia inevitable.

En términos aún más crudos, Frédéric Bastiat describió al Estado como un mecanismo a través del cual distintos grupos intentan vivir a expensas de otros, poniendo en evidencia que la captura del poder político para obtener beneficios es una tendencia constante cuando existen instrumentos para hacerlo.

Desde el plano institucional, James Madison y Lord Acton coincidieron en un punto decisivo: el poder tiende al abuso y, por lo tanto, debe ser estrictamente limitado. No se trata de confiar en la virtud de los gobernantes, sino de diseñar un sistema en el que les resulte imposible favorecer discrecionalmente a unos sobre otros.

A la luz de este marco teórico, el caso analizado adquiere un significado preciso: no es simplemente un escándalo más, ni un error político, ni una inconducta individual. Es la manifestación concreta de un esquema en el cual el poder público se utiliza para beneficiar intereses particulares. Y en ese punto exacto, el sistema deja de ser liberal. Es indistinto que esos intereses sean de los mismos miembros del propio gobierno o de quienes por fuera de ese marco se favorecen.

El liberalismo no se define por la retórica, ni por la autoidentificación ideológica de quienes gobiernan, sino por principios institucionales claros: igualdad ante la ley, normas generales y ausencia de privilegios. Cuando un gobierno promueve, recomienda o favorece desde su posición a determinados actores económicos, rompe esa igualdad y sustituye reglas por discrecionalidad.

Por lo tanto, la conclusión es directa: la existencia de este tipo de prácticas no constituye una desviación dentro de un gobierno liberal, sino la prueba de que no lo es. Allí donde hay favoritismo, prebendas o beneficios selectivos otorgados desde el poder (y para el poder, peor aún) no hay liberalismo posible, sino su negación.

En este sentido, la actual corrupción no contradice al liberalismo: lo desmiente en quienes dicen representarlo.


[1] Siglas del partido gobernante ''La libertad avanza''

[2] Ludwig von Mises, La acción humana, tratado de economía. Unión Editorial, S.A., cuarta edición. Pág. 1063 a 1065

El estatismo avanza

Por Gabriel Boragina ©

 

Lejos del paraíso libertario que continuamente trata de instalar en la ciudadanía el relato oficial de LLA[1], la realidad es que lo único que avanza en la Argentina es el estatismo y no la libertad incesantemente propagandeada. 

Los mercados siguen tan intervenidos como siempre. Las reparticiones estatales rebosan de trámites burocráticos para cuestiones que en un mercado libre serian sencillas y expeditivas. La diferencia consiste -y no por obra de este gobierno- en que la burocracia se ha informatizado, es decir, se ha traslado a los teléfonos celulares y computadoras con lo único que se ha ahorrado son gastos de transportes y desplazamientos físicos, pero lo que se ha ganado en este terreno se ha perdido en fallas de apps, actualizaciones de soft constantes con pérdidas de datos, registros web inacabables o repetitivos, generación de cientos de claves y validaciones que caducan en pocas horas o minutos (incluso segundos) y deben volver a crearse, y nuevas dificultades nacidas de la tecnología (en rigor del mal uso de ella) que, en los hechos, significa un simple traslado de la burocracia tradicional (de siempre) de lo presencial a lo digital. Agravado porque nos han obligado a tratar en la mayoría de los casos con bots, que pese a la IA la generalidad de las veces no entienden el lenguaje humano, no pueden interpretarlo o lo hacen confusa o erróneamente. Todo lo cual genera una pérdida de tiempo adicional equivalente (o en algunos casos mayor) al que otrora debía invertirse en una oficina publica a la espera de que algún empleado nos atendiera. Es muy argentino aquello de que, tratando de hacer las cosas más fáciles, terminamos haciéndolas más difíciles de lo que eran o deberían haber sido. 

Siempre cito el ejemplo paradigmático de que en lugar de abreviar nuestro lenguaje, lo ampliamos de manera redundante e innecesaria. Y el ejemplo que acostumbro a dar es el de la Capital Federal que antes denominábamos con dos palabras, las dichas, o simplemente ''Buenos Aires'', para complicarlo con la ampulosa e inexacta expresión actual de ''Ciudad Autónoma de Buenos Aires'', que además de una complicación y extensión inútil es -como dije- errónea, porque constitucionalmente Buenos Aires no es una ciudad autónoma, sino que la Constitución Argentina es clara cuando expresa que lo ''autónomo'' no es la ciudad, sino su gobierno. Donde lo correcto sería denominar gobierno autónomo de la ciudad de Buenos Aires (GADEBA) y seguir llamando a la ciudad como siempre lo hicimos ''Buenos Aires'', o simplemente Capital Federal, que es lo políticamente correcto y sabiendo todos de que es de lo que estamos hablando. 

Lo más sintomático del estatismo es su ramificación e invasión de ámbitos y sectores que otrora estaban reservados a lo privado. El fruto es lo que se ha denominado una burocracia privada. Todo lo cual en lo económico deriva en un evidente aumento de costos y reducción de beneficios.

Pero el síntoma preocupante, a mi modo de ver, es la naturalización por parte de la población de esta invasión silenciosa de la burocracia tecnológica en perímetros tradicionalmente privados, infiltración que incluso resulta violatoria del derecho a la intimidad consagrado en nuestra legislación, pero, en los hechos, superado por este fenómeno de tecnología burocrática.

Es grave que en espacios teóricamente ‘’privados’’ para abrir una cuenta bancaria, pedir un crédito privado, o realizar la compraventa de un automóvil o inmueble o, incluso, de bienes menores, se considere natural que el vendedor o prestador del servicio exija al adquirente exhibir o demostrar sus declaraciones jurídica fiscales o ingresos tributarios como condicionante al acuerdo de la operación. ¡como si estar al día con el fisco fuera garantía de solvencia!

Incluso prácticas que antes estaban reservadas a tramitaciones en la esfera estatal como la presentación o exhibición de documentos de identidad hoy en día se ha generalizado hasta tal extremo que no está lejos el día que para comprar un simple paquete de caramelos en un kiosco urbano el vendedor del quiosco exija al comprador la exhibición de su DNI. Aunque esto ahora pueda sonar como una exageración, la amplificación de esta práctica (otrora limitada a requisito de oficinas publicas) a contrataciones privadas de bienes y servicios incluso de poca monta, a mí en lo personal, me resuelta preocupante.

Pero lo peor, insisto, es la sumisa aceptación mental que acompaña e impregna este proceso de burocratización privada. Algo impensable en otros tiempos no muy lejanos. 

El cuadro asemeja bastante al trazado en la distopía de George Orwell en su novela 1984.

Aclaro que siempre fui un entusiasta de la tecnología, y que de modo aficionado incursiono en ella hasta dónde puedo. Pero persistentemente me ha preocupado cuando veo apenas ella cae en manos de gente de mentalidad estatista. Y ahora me alarma el grado de estatismo mental que ha hecho arraigo en la población argentina, donde se ha hecho costumbre firmar un chat o un email consignando al pie el número de documento de identidad como si alguien lo hubiera requerido.

Vana es mi prédica a amigos, conocidos o clientes en que no exhiban suelta y generosamente sus números de documentos en mensajes que pueden filtrarse y caer en manos de los ladrones de identidad (la nueva modalidad delictiva denominada phishing, que, por cierto, existía antes de la llamada revolución cibernética, pero a la que esta le ha brindado enorme facilidad y herramientas de excelencia para difundirse).

Pero tan peligroso o más aun (como pensaba Alberdi) que el ladrón privado lo es el estatal. Ya que la situación de poder en la que este último se encuentra convierte estas herramientas creadas para aumentar el bienestar de la gente, en armas de un dominio letal difícil de imaginar.

El estatismo económico y político es un mal, pero no lo habría si no hubiera quienes mentalmente lo avalan, consienten y naturalizan en sus pequeñas prácticas cotidianas, que es donde lo habitual y periódico se extiende a áreas mayores, hasta convertirse en comportamiento público.

Lejos entonces de avanzar la libertad como nos quiere engañar el partido hoy gobernante, lo único que avanza en la cultura y costumbres argentinas es el estatismo manifestado en pequeñas expresiones cotidianas que no son más que un ejemplo a escala de lo que ocurre a nivel macro.


[1] Siglas del partido gobernante ‘’La libertad avanza’’.

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